La propuesta de los Indígenas al Estado es que los procesos de descentralización sean implementados, es decir que las autoridades indígenas sean consideradas en la práctica como Estado dentro de sus territorios, de manera que se logre una administración de los asuntos públicos en manos de las autoridades indígenas, y acorde con la realidad amazónica y con los derechos indígenas.

El concepto de gobierno propio contempla la necesidad de propiciar y mantener una interlocución eficaz con el Estado, la cual es fundamental para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiaridad entre entidades territoriales, así como el respeto a la diversidad cultural y biótica y la convivencia pacífica entre indígenas y no-indígenas en el Departamento, los cuales son principios rectores del ordenamiento territorial.

Actualmente, diversas Autoridades Indígenas de la Amazonia colombiana trabajan en la consolidación de la administración propia de sus territorios, en el marco del orden jurídico y político del Estado colombiano. Este proceso implica la participación activa de toda la comunidad en la toma de decisiones que a nivel regional y nacional se desarrollan en sus territorios en temas como salud, educación, ordenamiento territorial, administración de recursos o transferencias, entre otros. Los programas regionales, construidos democráticamente desde la base y definidos desde el pensamiento indígena, son el material concreto sobre el cual las AATIs avanzan en la concertación con las entidades del Estado y los actores sociales presentes en sus regiones.

Desde 1993, varias organizaciones de autoridades indígenas de la Amazonia colombiana invitaron a la Fundación Gaia Amazonas para que prestara asesoría profesional en diversos campos según las necesidades de cada proceso. Inicialmente se acompañó a las comunidades en el proceso de divulgación y reflexión sobre el marco constitucional y legal en Colombia, donde se garantizan diferentes derechos y deberes de los Pueblos Indígenas y sus autoridades como parte del Estado. El objetivo de este acompañamiento legal es desarrollar una mayor capacidad de interpretación de las herramientas jurídicas, así como una mejor competencia institucional para el manejo político-administrativo de sus territorios.

Como una estrategia paralela para el autoreconocimiento territorial de las comunidades, la Fundación Gaia Amazonas ha acompañado con recursos logísticos (combustibles, alimentos, materiales, transporte) y humanos la elaboración de mapas y textos sobre el manejo territorial en diversas zonas como los ríos Pirá-paraná, Apaporis, Mirití-paraná y Caquetá, lo cual ha permitido la definición de jurisdicciones administrativas entre las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, delimitando los territorios correspondientes al gobierno de cada autoridad indígena.
 
   

 

 

 
 
 

 

 

 
La Fundación Gaia Amazonas viene asesorando por medio de un equipo interdisciplinario a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del río Pirá-Paraná (ACAIPI) en todo su proceso organizativo y en la formulación y desarrollo de su Plan de Vida. En relación con la asesoría jurídica, la Fundación ha venido acompañando la gestión y ejecución de los recursos correspondientes a la participación de los resguardos en los ingresos corrientes de la Nación, con el objeto de fortalecer la capacidad administrativa de la Asociación en la programación, gestión y ejecución de los mismos. Debido a los múltiples obstáculos relacionados con la mala ejecución y administración de los recursos por parte de la Alcaldía de Mitú, en 1997, ACAIPI, firmó un acuerdo con el CRIVA (Consejo Regional Indígena del Vaupés) y la Alcaldía de Mitú, donde se reconoce la autonomía de ACAIPI y se define el criterio de distribución de los recursos de tal manera que la Asociación se hace responsable directa de su ejecución.

De igual manera, desde 1993 las autoridades indígenas del río Apaporis venían trabajando en la elaboración de censos de población y mapas tradicionales, los cuales permitieron no sólo proyectar algunas políticas de manejo de este territorio, sino también recolectar la información requerida para la ampliación del Resguardo Yaigojé Apaporis. Con el objetivo de impulsar procesos de organización política y administrativa en el resguardo, en 1994 las autoridades tradicionales de la región deciden conformar la Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé-Apaporis (ACIYA).

ACIYA solicitó la asesoría legal de Fundación Gaia Amazonas con el objeto de concluir el trámite de ampliación del resguardo, para lo cual decide interponer una acción de tutela en contra del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) alejando la protección de sus derechos fundamentales a la supervivencia física y cultural, directamente ligados al reconocimiento de su territorio. Como producto de dicha acción judicial, en mayo de 1998 el INCORA expidió la resolución de la ampliación del resguardo Yaigojé.

En el año de 1998 la Gobernación del Vaupés, sin consultar con los indígenas decide instalar, en el raudal sagrado de La Libertad, una inspección de policía, un puesto de salud y una escuela; por esta razón y en defensa de su territorio, ACIYA decide interpone una acción de tutela contra la gobernación del Vaupés, debido a que dichas construcciones y actividades violaban los derechos a la integridad étnica, cultural y social de los indígenas. En este caso los tribunales vuelven a darle la razón a la Asociación y las instalaciones son retiradas.

Desde 1995, ACIYA y Fundación Gaia Amazonas han organizado una serie de actividades de capacitación con las comunidades y los lideres de la Asociación en asuntos legales, gestión y en general administración de recursos públicos, procedentes de la participación de los resguardos en los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). En 1996 y 1997 las autoridades tradicionales y habitantes del río Apaporis decidieron invertir estos recursos en el pago de bonificaciones a los maestros comunitarios y promotores de salud voluntarios que trabajan en el resguardo, beneficiándose así toda la población que habita en la región.
 
   

 

 

 
 
 

 

 

 
Por otro lado, ACIYA logró que se realizara un acuerdo interadministrativo entre las gobernaciones de los departamentos del Vaupés y Amazonas, para que los recursos de las participaciones en los ICN que le corresponden al resguardo Yaigojé-Apaporis, que se entregan al departamento del Vaupés, se giren a ACIYA través de la gobernación del Amazonas, con el objeto de unificar el lugar de gestión de estos recursos y evitar la dificultad de viajar desde el río Apaporis hasta Mitú para reclamar los recursos.

En la zona del Bajo Caquetá la Asociación de Autoridades Indígenas de La Pedrera – Amazonas (AIPEA), ha contado también con el apoyo legal de la Fundación Gaia Amazonas, específicamente en el ámbito territorial, la Fundación acompañó el proceso de constitución del Resguardo de Curare-Los Ingleses, haciendo el seguimiento posterior hasta lograr su saneamiento por parte del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA). Igualmente, acompañó a Las comunidades Miraña-Bora, en cuyo territorio se superponen figuras jurídicas dispares como el resguardo indígena (Predio Putumayo) y el Parque Natural Nacional (Cahuinarí), donde fue necesario trabajar en la aclaración de sus formas propias de manejo territorial-ambiental, y consolidar su Asociación de Autoridades Tradicionales (PANI).

En la región del Medio Caquetá, mediante convenios de cooperación, la FGA ha acompañado al Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) en la construcción del Plan de Vida de la región. Proceso íntimamente ligado a la formulación de propuestas para el ordenamiento territorial y al Plan de Desarrollo Departamental. El acompañamiento ha sido realizado por un equipo interdisciplinario de asesoría técnica, compuesto por profesionales especialistas en antropología, derecho y pedagogía.

El CRIMA se encuentra registrado ante el Ministerio del Interior y Justicia como Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas, de acuerdo con el Decreto 1088 de 1993, lo cual amplía sus perspectivas organizativas y operativas, teniendo en cuenta que se erige como una entidad de derecho público, con personería jurídica y autonomía jurídico-administrativa, para el manejo integral de sus asuntos. Esto, le permite celebrar entre otros, convenios y contratos que rijan su responsabilidad administrativa para la ejecución de programas concertados con la Gobernación departamental y entidades del gobierno central.

Además, la FGA apoyó y realizó el seguimiento al proceso de ampliación de los resguardos de Aduche y Monochoa en el sector de Araracuara que adelantó el CRIMA, que en diciembre de 2004 mediante los Acuerdos 030 y 031 del INCODER se ampliaron en un área de 37.931 ha.

Actualmente, la FGA brinda asesoría y acompañamiento a 10 AATIs del departamento del Amazonas en su proceso de descentralización político-administrativa desarrollado en el marco de la Mesa Permanente de Coordinación Interadministrativa –MPCI-con la gobernación.