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Yaigojé Apaporis, un parque en riesgo que tiene mucho que perder

En 1988 nació el resguardo indígena de Yaigojé Apaporis en la Amazonia colombiana, territorio que hoy es el único en el país declarado Parque Nacional Natural (resolución 2079 del 27 de octubre del 2009) por solicitud de las 19 comunidades indígenas que viven allí.

También son únicos, en la región y el mundo, los animales y las plantas que habitan esta extensión de 1’060.603 hectáreas, tal y como lo confirmó la exploración realizada por científicos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), riqueza que ha sido destacada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El inventario registró 1.682 plantas vasculares (33 de estas endémicas para Colombia), 362 aves, 81 reptiles, 73 anfibios, 201 peces y 443 mariposas. Entre los mamíferos más llamativos figuran osos hormigueros gigantes, una gran variedad de micos como el colimocho o el huicoco, ardillas, lobos de agua, tigrillos, jaguares, pumas y delfines.

A esta riqueza biológica también se suma la riqueza cultural destacada en el momento de la creación del parque por el entonces ministro de Ambiente, Carlos Costa, quien en el evento público de oficialización del parque dijo: “Esta zona tiene una rica tradición cultural que contempla una serie de prácticas chamanísticas y rituales que les otorgan a los seres humanos los conocimientos necesarios para vivir y proteger este mundo”.

Ese importante tesoro cultural, espiritual y ambiental quedó establecido en la resolución 2079, cuando se dice que el PNN Yaigojé Apaporis fue creado con el objetivo de “garantizar la permanencia de los valores culturales de los pueblos indígenas que habitan la región, asociados a la conservación del medio natural, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad biológica y cultural del país, como también garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano”.

A pesar de esta declaración el parque está en peligro. El interés de compañías extranjeras por explotar el oro, mineral que aparece en grandes cantidades en varios puntos del lugar, ha puesto en riesgo el territorio e incluso ha enfrentado a las comunidades indígenas entre sí, pues hoy algunas quieren que la zona solo sea un resguardo y se le quite esa calidad de reserva natural que vino con el título de parque.

Representantes de comunidades del Vaupés agremiadas en la Asociación de Comunidades Indígenas de Taraira – Vaupés, ACITAVA, interpusieron una tutela para que se protegiera su derecho a ser consultados previamente sobre la creación, como lo ordena el acuerdo 169 de la OIT ratificado por Colombia, y sostienen que antes de crear el parque no fueron informados.

La Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé Apaporis, ACIYA, en cambio, quiere la conservación del parque y argumenta, con documentos, que sí se cumplieron las reuniones informativas y se hizo la consulta previa en todas las comunidades que están incluidas dentro de la jurisdicción del parque.

La discusión entre las comunidades parece haber sido alentada por el interés que sobre el territorio tiene la empresa minera canadiense Cosigo Resources, que buscaba la explotación del metal precioso y había tenido acercamientos previos con las comunidades asentadas en el departamento del Vaupés, que corresponden a la agremiación ACITAVA.

La Corte Constitucional tiene la última palabra sobre el tema, ya que en sus manos está la revisión de la tutela interpuesta por Benigno Perilla, representante legal de ACITAVA. Si su decisión es confirmar que se hizo el proceso de consulta, como lo muestran actas del proceso cursado entre el 4 y el 20 de julio del 2009 en las 19 comunidades del resguardo y reafirmados por un congreso de autoridades en Centro Providencia, quedará en pie la creación del parque y se preservará el ecosistema amazónico y los lugares sagrados que existen allí. Pero si la determinación es solicitar de nuevo la consulta y revocar la creación del parque, el panorama será oscuro para las comunidades indígenas y para las especies vegetales y animales que habitan el lugar.

Por este caso, la Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario a ocho funcionarios de Ingeominas por su presunta participación en el otorgamiento de títulos mineros y los procesos que se surtieron para los mismos, y el 13 de julio pidió a Ingeominas revocar el título minero otorgado a Cosigo Resources dos días después de la creación oficial del parque, teniendo en cuenta que al ser área de reserva no se puede ejecutar allí ninguna actividad de exploración y/o explotación minera.

Dicho título ya fue revocado y se espera que con la puesta en marcha de la Agencia Nacional Minera (ANM), en noviembre del 2011, los títulos mineros que existan en la zona entren a revisión y se analice con mayor cuidado las solicitudes hechas, tal como lo anunció el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santa María.

Sin embargo, la pelea jurídica que hoy libran las comunidades indígenas radicadas en el PNN Yaigojé Apaporis por la permanencia del territorio como reserva natural no es la primera. En la década del 90, la biodiversidad y los sitios sagrados fueron puestos en peligro por la Gobernación del Vaupés, al instalar una inspección de policía, una escuela y un cuarto frío en Yuisi o el Chorro La Libertad.

Ante el peligro ACIYA instauró una tutela que falló a su favor y que sentó un precedente sobre la necesidad de crear un estatus especial en la región. Las construcciones fueron retiradas por estar en La Libertad o Yuisi, sitio en donde, según los indígenas, surgió el mundo.

“Esa área para la comunidades indígenas es el origen del mundo, el centro del universo, es un área absolutamente sagrada en la que no han permitido ni siquiera asentamientos en el sitio específico de El Chorro de La Libertad y zonas aledañas”, ratifica Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales Naturales.

Como se dijo, las cartas hoy están sobre la mesa de la Corte Constitucional, que decidirá si el parque fue declarado legalmente o no. De su decisión depende la conservación de este lugar como un área de reserva natural con la que se seguirá protegiendo la diversidad biológica de la Amazonia colombiana y la riqueza cultural que allí existe.