El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos de los desafíos más apremiantes de este siglo y enfrentarlos requiere un modelo económico que priorice la protección de la naturaleza. En este camino, la Amazonía y los pueblos indígenas tienen mucho que aportar, así lo demuestra el más reciente informe de la alianza ‘Campaign for Nature’ que reúne más de 100 organizaciones ambientales.
Aún cuando el 15% de los ecosistemas terrestres y el 7% de los océanos del mundo se encuentran bajo alguna figura de protección, esta cifra resulta insuficiente para detener dos de los problemas ambientales que tienen en jaque el rumbo del planeta, nuestra supervivencia y economía: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. ¿Cuál es la respuesta?
Como lo advierte el “Reporte de riesgos globales” del Foro Económico Mundial (WEF), estas crisis ambientales pueden causar pérdidas económicas aún más grandes que las que podría dejar el COVID-19, estimadas en 82 mil millones de dólares. Por eso, científicos y organizaciones de todo el mundo insisten en un llamado para crear un nuevo modelo económico resiliente, sostenible y capaz de responder a la lista de desafíos actuales donde la degradación de la naturaleza ocupa el primer puesto; hoy más que nunca ante la emergencia de la pandemia global causada por el COVID-19.
Debido a que este cambio de paradigma en la conservación y los modelos económicos debe darse a escala global, es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad. Con este propósito, la fundación Wyss y National Geographic lanzaron la iniciativa ‘Campaign for Nature’. Se trata de un fondo que destina mil millones de dólares para ayudar a las comunidades locales, pueblos indígenas y gobiernos para que, en alianza con más de 100 organizaciones ambientales, alcancen el objetivo de conservar el 30% de la Tierra en su estado natural para el 2030.
Pero este esfuerzo no es solo económico, también incluye la producción de informes para que los tomadores de decisiones de los países cuenten con herramientas que aseguren el cumplimiento de las metas.
En este sentido, es importante destacar informes como el recientemente producido por esta alianza, “A key sector forgotten in the stimulus debate: the nature-based economy” donde se incluyen datos tan reveladores como que la deforestación es responsable de, al menos, el 8% de las emisiones globales de CO2 y recalca la necesidad de expandir, y por lo menos duplicar, el sistema de Áreas Protegidas a escala global.
El informe afirma que un sistema fortalecido que incluya además de las áreas protegidas estrictas, estrategias complementarias de conservación gestionadas eficazmente por las comunidades locales, sería una triple ganancia para la salud, la estabilidad climática y la conservación de la biodiversidad.
Dichas conclusiones deben convertirse en la hoja de ruta para que los países planeen su desarrollo durante la próxima década. Escenarios como la 15º Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), donde se establecerán las nuevas metas para detener la pérdida de biodiversidad global, representan una oportunidad única para que esto suceda.
Las crisis que quedarán después de la pandemia
Las alarmas no son en vano, el planeta vive una pérdida de biodiversidad sin precedentes. En cinco décadas, las poblaciones de especies silvestres se redujeron en un 50% y, como lo destaca el informe, este es uno de los factores de mayor riesgo.
Se advierte también sobre las grandes transformaciones que ha traído un calentamiento progresivo del planeta y los impactos aún más devastadores que llegarían si el aumento de la temperatura sobrepasa 1.5°C para finales de siglo. Entre ellos se cuentan cosechas más improductivas, fenómenos climáticos más extremos y prolongados, un incremento en el nivel del mar -lo que representa una amenaza inminente para islas y ciudades costeras- y, por supuesto, sociedades aún más inequitativas.
Un entorno natural cada vez más degradado es un ambiente idóneo para todo tipo de catástrofes. Si hablamos de los efectos para nuestra salud y bienestar, está bastante documentada la posibilidad de nuevas enfermedades infecciosas debido a un mayor riesgo de contacto entre personas y animales silvestres, que, debido a la fragmentación de sus hábitat naturales, se vuelven portadores de microorganismos como virus, bacterias, y parásitos que pueden desencadenar emergencias sanitarias como la actual.
La Amazonía, y todas las amenazas y presiones que enfrenta, son un factor de riesgo adicional: deforestación, degradación de los bosques, expansión de carreteras ilegales, caza ilegal, entre otras, son un contexto propicio para que surjan nuevas enfermedades transmitidas por animales silvestres debido a la inestabilidad ecológica de los ecosistemas que habitan.
La Amazonía como parte de la solución
La protección de los bosques tropicales es esencial, pues son una de las grandes reservas de carbono y lugares de gran biodiversidad, características que los convierten en una estrategia efectiva para mitigar los efectos del cambio climático y evitar la aparición de nuevas y más enfermedades zoonóticas.
Como la selva húmeda tropical más grande del mundo, la Amazonía representa gran parte de la solución, especialmente los Territorios Indígenas y las Áreas Protegidas Naturales que hoy abarcan más del 50% del bioma, cifra que para la Amazonía colombiana supera el 70%, y almacenan el 58% de Carbono.
Los pueblos indígenas amazónicos han sido sus guardianes ancestrales y cumplen un papel fundamental para mantener el balance ecológico en estos ecosistemas clave para la regulación del clima global. Así lo demuestra un estudio sobre el almacenamiento de carbono en esta región que evidencia cómo en 18 años, la pérdida de este elemento fue solo del 10% en los Territorios Indígenas y cómo, de todas las categorías evaluadas, son los únicos que muestran ganancia o almacenamiento de carbono.
En este sentido, como lo explica Francisco von Hildebrand, Director Ejecutivo de Gaia Amazonas, los pueblos indígenas tienen un rol fundamental porque tienen el conocimiento para comprender los ciclos naturales y ubicar lugares de especial importancia para la regulación natural. El manejo a partir de su sistema de pensamiento es una de las formas más efectivas de garantizar una conservación de los bosques, donde los gobiernos indígenas desempeñan una gobernanza integral y legítima.
“El 70% del PIB de América Latina depende del último río volador ubicado en la zona norte del Amazonas donde el 70% es manejado por los pueblos indígenas. Por esto, el fortalecimiento de esas comunidades y sus gobiernos es indispensable, no solo para la gestión del bosque, sino para promover modelos de innovación económica a nivel global, y en particular en regiones de alta diversidad biológica y cultural”, explica.
Y agrega: “Necesitamos articularnos con los pueblos indígenas reconociendo su papel como gobiernos locales para promover una gestión territorial, económica y ambiental responsable, desde la cual podamos plantear un nuevo paradigma, y gestionar conjuntamente los riesgos para poder responder de manera más resiliente a situaciones como esta”.
Es claro que ninguna cultura tiene la respuesta a todos los desafíos que enfrentamos como humanidad y que la única forma de superar esta crisis global es a través del diálogo permanente entre diferentes sistemas de conocimiento.Al final, el fortalecimiento de la gobernanza no es solo un tema humanitario, cultural y ambiental, sino una estrategia de supervivencia para la comunidad global que somos.
*Fotos de Juan Gabriel Soler - Gaia Amazonas