Diálogo intercultural: un valor constitucional fundamental para la construcción de Estado y la protección de la Amazonía
En la mañana de este viernes, desde una sala del noveno piso en el Palacio de Justicia, la Corte Constitucional se convirtió en una “maloca constitucional”, un lugar para dejar fluir el pensamiento y con él, el diálogo intercultural. Allí 12 indigenas, entre ellos autoridades tradicionales, líderes y lideresas del Macroterritorio de Gente de Afinidad de Yuruparí compartieron con la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional (integrada por los magistrados Diana Fajardo, Alejandro Linares y Jorge Enrique Ibañez), su visión de mundo; los fundamentos de sus sistemas de concimiento,; la forma como manejan y gobiernan el territorio, así como las afectaciones a sus cuerpos y territorio, a causa de la minería ilegal y la contaminación por mercurio en esta región.
Este encuentro histórico permite que el diálogo intercultural se constituya como una herramienta para la construcción de Estado y responde a un caso especial de trascendencia constitucional que -en palabras de la magistrada Diana Fajardo Rivera, encargada de dar la bienvenida al espacio- “exige comprender las relaciones que surgen y se entretejen en el territorio, y contar con el conocimiento de quienes lo habitan de manera ancestral y han sido guardianes de su preservación”.
El caso hace referencia a la tutela interpuesta en 2019 por los gobiernos indígenas que integran el Macroterrio de la Gente de Afinidad de Yuruparí, con el fin de proteger su territorio de la minería ilegal. Estas son: Territorio Indígena del río Tiquié, Territorio Indígena del Pirá Paraná, Territorio Indígena Yaigojé Apaporis y Territorio Indígena del Mirití Paraná.
El Macroterrio de la Gente de Afinidad de Yuruparí es un sistema territorial y cultural que comprende los territorios ancestrales de más de 30 grupos indígenas -asentados en las cuencas de los ríos Pirá-Paraná, Apaporis, Mirití-Paraná, Caquetá y Vaupés- y se orienta en una serie de principios y prácticas culturales que han asegurado el manejo efectivo de 3.5 millones de hectáreas, en las que se mantienen el 98% de la cobertura boscosa.
Esta es una de las pocas veces en las que la jurisdicción constitucional sostiene este tipo de diálogos, y la primera en la que busca coordinar y articular sus actuaciones de forma horizontal con los pueblos indígenas amazónicos. Cabe resaltar que éstos últimos participaron en el diálogo, en calidad de autoridades públicas de carácter especial y ambiental, como lo reconoció Fajardo, y titulares de derechos de especial protección constitucional.
La tutela que originó este encuentro intercultural
En 2019, los pueblos indígenas del Macroterritorio decidieron adelantar una acción constitucional ante las autoridades judiciales colombianas con miras a proteger su territorio y sus cuerpos de la minería, y la contaminación por mercurio que viola sus derechos fundamentales al territorio; a la autodeterminación; a la vida; a la subsistencia; a la salud y a la soberanía alimentaria, y a la integridad étnica, cultural y social.
El 29 de enero de 2021, el caso fue seleccionado por la Corte Constitucional para ser revisado por tratarse de un asunto novedoso. Tras haber sido subsanados algunos vicios procesales, por falta de notificación a ciertos accionados, el caso volvió a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. Nueve meses más tarde, la Sala ordenó el desarrollo de un diálogo intercultural para la toma de decisiones, cooperación y articulación con las autoridades indígenas del macroterritorio.
A través de la acción de tutela, los pueblos y gobiernos indígenas que la promueven, buscan que el Estado colombiano, en diálogo con los sistemas de conocimiento y en coordinación con las autoridades indígenas, den una respuesta integral para erradicar las actividades de minería, y garantizar la pervivencia cultural y la integridad territorial.
De forma específica, han elevado 18 pretensiones relativas al diseño y puesta en marcha de planes; la generación de información de calidad para la toma de decisiones, y la implementación urgente de leyes e instrumentos de política pública ya existentes en materia de planeación, gestión y ordenamiento territorial.
La minería en la Amazonía, una alarma desatendida
En esta región -el 44.3% del país donde se concentra una gran diversidad biológica y cultural, y nace el agua que consume de cada 4 colombianos- se han advertido actividades de minería ilegal desde hace más de veinte años, y desde 2012 se ha presentado una nueva “bonanza”, con consecuencias nefastas para los pueblos indígenas que históricamente la han habitado: afectaciones a la salud de las comunidades, daños en el territorio y conflictos socioambientales.
Entre 2014 y 2015, tras una petición formal de los pueblos que hoy promueven la acción de tutela, Parques Nacionales Naturales y la Universidad de Cartagena realizaron un muestreo para conocer los impactos sociales y ambientales, derivados de la presencia de actividades de minería ilegal en Territorios Indígenas y Áreas Protegidas de la región. Los resultados fueron alarmantes: algunas comunidades indígenas presentaron concentraciones de mercurio hasta 3 veces más altas de lo recomendado por estándares internacionales.
¿Cuál es el próximo paso?
Luego de este primer diálogo intercultural, la Corte se reunirá con las entidades accionadas. Cabe destacar que esto es el inicio de un camino que la Corte está diseñando para que en estos casos sus fallos consoliden verdaderos diálogos interculturales entre las distintas autoridades del Estado: las indígenas y las no indígenas.
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